Los bancos conducen con intereses propios a los Promotores inmobiliarios.
El problema de la banca es el stockage de pisos sin vender, ya que les suponen gastos de mantenimiento, consumo de provisiones y de capital y el coste de oportunidad de disponer ese dinero invertido para otra inversión más rentable.
Los promotores y bancos están en una relación actual muy complicada.
El sector bancario se apresura a vender los inmuebles valorados en más de 50.000 millones de euros con los que tiene en cartera, y sabiendo que ahora llegarán una nueva remesa durante este año. Hay que trabajar sobre los inmuebles que tienen hipotecas para no llegar a una situación irreversible de los inmuebles que tienen las empresasa la que refinancian la deuda o las que están abocadas a una ejecución judicial.
Este celo de los bancos con las inmobiliarias tiene un grave riesgo, por que podrían darse a entender que estas sean las administradoras de las empresas privadas, con lo que perderían su derecho de preferentes de cobro en caso de declararse concurso de acreedores. No es fácil de separar el interés de los bancos por desprenderse de este conjunto de inmuebles, pero esto es así por Ley.
Los bancos están detrás de sus promotoras (las que le tienen deuda hipotecaria), a las que gestionan los pisos con planes de comercialización, marcándoles el precio de venta y condicionándoles el cobro de renegociaciones de préstamos a estas condiciones a fin de evitar que el promotor arriesgue con su dinero. Hasta en muchos casos, la entidad financiera pide al promotor privado un mandato irrevocable de venta de la garantía del préstamo, para vender el inmueble a toda costa.
Las entidades financieras alegan esta actitud al “riesgo de abandono” que tienen ante la evidente desesperación del promotor en la actual situación de mercado. Y ya la crisis ha disparado los procesos judiciales, que han colapsado a la Administración y a las propias entidades, ya que además este proceso puede ser bastante longevo, rozando una media de dos años.
Las entidades financieras además pretenden reducir los costes de adjudicación a ciudadanos extranjeros o minimizar los gastos ligados a la transmisión del inmueble como alternativas a abaratar el producto y abrirles facilidades de ventas.
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